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La Corte Internacional de Justicia está siendo consultada sobre Siria por Canadá y los Países Bajos.
Los gobiernos de Canadá y los Países Bajos presentaron formalmente un caso por tortura contra el gobierno de Siria ante el máximo tribunal de la ONU el lunes 12 de junio.
El gobierno sirio ha violado los derechos humanos de su propio pueblo de manera flagrante y sistémica, afirman Canadá y los Países Bajos, y existe amplia evidencia para respaldar esta afirmación.
Desde 2011, los sirios han experimentado ataques generalizados con armas químicas, torturas, asesinatos y agresiones sexuales. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, y su homólogo holandés, Wopke Hoekstra, dijeron en un comunicado conjunto que el régimen sirio sigue violando los derechos humanos doce años después.
Además, ambas naciones han pedido a la Corte Internacional de Justicia que emita restricciones temporales sobre Siria para que sus ciudadanos ya no sufran tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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En un anuncio hecho hace tres años, Amsterdam instó al gobierno sirio a participar en negociaciones bajo la Convención de la ONU contra la Tortura para responsabilizar a Damasco por crímenes atroces. En 2021, Canadá participó en el proceso.
Antes de llevar la disputa ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, el Tratado de 1984 estipula que las partes primero deben intentar la mediación.
Varios funcionarios del gobierno sirio han sido declarados culpables por tribunales locales en sus propias jurisdicciones, a pesar de que los esfuerzos internacionales hasta este punto no han tenido éxito.
Numerosos exfuncionarios sirios fueron declarados culpables de tortura, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra después de que Alemania utilizó la doctrina de la jurisdicción universal para sentenciarlos. Todos habían presentado solicitudes de asilo en Alemania.
En mayo de 2023, los jueces franceses aprobaron el enjuiciamiento de tres ex altos funcionarios del gobierno sirio por crímenes de lesa humanidad en relación con el asesinato de dos ciudadanos sirios y franceses. Las autoridades francesas no tienen la custodia de los tres acusados.
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